Legislar tarde tiene consecuencias.

CTORIA PREGO

11/07/2012

La tardanza es la condena

Hemos tardado tanto tiempo en reaccionar que ahora nuestra tardanza se ha vuelto contra nosotros. El fallo del Tribunal de Derechos Humanos puso ayer de manifiesto lo que, siendo una pura obviedad, nos recuerda hasta qué punto España es hoy, una vez más, víctima de sí misma.

Dice el Tribunal de Estrasburgo que «los Estados son libres para modificar su política criminal, especialmente para reforzar la represión de los crímenes y delitos». Añade otras consideraciones, también muy obvias, pero lo que interesa aquí es destacar esa primera parte del párrafo porque precisamente ahí ha estado nuestro principal error.

España se ha pasado 22 largos años sin modificar ni una coma de una política criminal que databa de los tiempos del franquismo, cuando el terrorismo era una amenaza del todo inimaginable para el régimen y cuando los castigos estaban pensados para los delitos políticos o los delitos sociales.

Nuestros dirigentes han necesitado todo ese tiempo antes de caer en la cuenta de que, a una banda criminal organizada que hace de la muerte su razón de existir, había que aplicarle criterios específicos, distintos y menos benevolentes, que los que se aplican a los delincuentes comunes.

A pesar de haber vivido constantemente azotados por los ataques sangrientos de la banda, los sucesivos gobiernos aguantaron 22 años impávidos, sin atreverse a modificar el Código Penal de 1973. Veintidos años en los que la banda terrorista desplegó su mayor y más intensa actividad. Veintidos años durante los cuales los grandes asesinos de ETA cometieron sus crímenes.

Y algo peor aún, teniendo en cuenta la obligación que todo Estado tiene de defenderse de quienes pretenden destruirlo: después de haber acabado en 1995 con la aplicación automática de unas redenciones de penas que estaban pensadas para delincuentes, digamos, humanizables, hubo que esperar hasta 2003 para que el Gobierno lograra aumentar a 40 años la pena máxima que podría imponerse a los terroristas.

Para entonces los presos etarras se estaban acogiendo masivamente a las medidas que, aplicadas sobre la pena máxima de 30 años, les permitían recuperar la libertad a los 20. Eso fue lo que en 2006 quiso cortar de raiz la aplicación de la doctrina Parot, cuya retroactividad ha sido descalificada en Estrasburgo.

Una reforma a tiempo nos habría ahorrado el terrible sarcasmo de tener que contemplar cómo a los asesinos múltiples, que han vivido para matar y para ordenar matar, a partir de los dos primeros crímenes, los demás les van a salir, penalmente hablando, gratis total.