Salvamento bancario: última fase
La esperada carta llegó hace unos días al Ministerio de Economía y al Banco de España y, aunque en ella se advierte de que se trata de un calendario «tentative» (provisional), la noticia que contiene es lo suficientemente importante como para afirmar que la reestucturación financiera ha llegado a su fase final: El MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) transferirá a partir del 7 de diciembre al FROB la cantidad solicitada para recapitalizar a la banca española.
La cifra final aún no se ha determinado, porque depende de la cantidad de activos que transferirán los bancos al Sareb (el antes llamado banco malo). Sin embargo, fuentes solventes aseguran que estará entre 35.000 y 40.000 millones de euros (3,5% del PIB y algo más de tercera parte del crédito acordado por el Eurogrupo, que contemplaba una línea de hasta 100.000 millones de euros). El 90% de esa cantidad se destinará a recapitalizar los bancos nacionalizados: Bankia, Catalunya Caixa, NGC y Banco de Valencia.
El trayecto de la ayuda europea será el siguiente. En primer lugar, el MEDE transferirá bonos del EFSF (el fondo de rescate europeo) por la cantidad acordada (más de 35.000 millones) al FROB. Posteriormente, los bancos nacionalizados procederán a ampliar su capital. Dichas ampliaciones serán cubiertas por el FROB mediante la aportación de los bonos del EFSF. Después, los bancos usarán esos bonos para canjearlos por dinero en el BCE.
El crédito del MEDE tendrá 11 años de carencia y el periodo de vencimiento estará entre 12 y 15 años. El tipo de interés el primer año será del 1,5%.
En paralelo, Sareb recibirá unas aportaciones de activos tóxicos -fundamentalmente, inmuebles- de 60.000 millones (de los que unos 50.000 se corresponden con activos inmobiliarios procedentes de los bancos nacionalizados). Esos activos que el Sareb comprará por 60.000 millones estaban valorados en los libros de las entidades vendedoras en 120.000 millones de euros. Es decir, que los compra con un descuento medio del 50%.
El Gobierno da por hecho que los grandes bancos (Santander y BBVA) anunciarán en breve su entrada en el capital de Sareb, que se elevará a 5.000 millones de euros. El resto, hasta los 60.000 millones que tendrá que desembolsar Sareb para la compra de activos tóxicos, se completará con una emisión de bonos de 55.000 millones con la garantía del Estado. Sin embargo, al ser el capital de Sareb mayoritariamente privado (el FROB quedará con menos del 50%), esa cantidad no contabilizará como deuda pública.
Sin embargo, el crédito del MEDE sí computará como deuda del Estado y los intereses devengados, como déficit.
Una vez concluida esta fase (que le habrá llevado al Gobierno más o menos un año), se podrá decir que el sector bancario español quedará totalmente saneado.
El coste final para el sector público no se podrá determinar hasta dentro de mucho tiempo, ya que, en una fase posterior, el FROB tendrá que vender al sector privado los bancos nacionalizados y, por otra parte, Sareb irá sacando al mercado los activos tóxicos comprados a los bancos. El precio final del salvamento bancario, por tanto, dependerá de a qué precios se vendan los bancos controlados por el FROB y los activos tóxicos adquiridos por Sareb.
Lo que sí se puede decir ya es que, entre el crédito del MEDE, la emisión de deuda de Sareb y el dinero aportado por las operaciones conocidas como FROB 1 y 2, la operación supondrá más de 100.000 millones de euros.
Este gigantesco rescate bancario ha estado lleno de dificultades, entre otras cosas porque el anterior gobernador del Banco de España retrasó en dos años la toma de las medidas quirúrgicas que necesitaba el sector. El Gobierno, tras dos decretos de saneamiento y capitalización de la banca y la intervención de Bankia, logró el pasado 9 de junio que los países más reticentes (Finlandia, Austria y Holanda) cedieran a la concesión del crédito de hasta 100.000 millones a la banca española en una dramática reunión del Eurogrupo.
Aunque el propio Memorandum of Understanding (MOU) firmado un mes después contemplaba que, «en caso de urgencia», las autoridades españolas podrían utilizar un primer tramo de 30.000 millones del crédito, cuando el Gobierno español solicitó 4.500 millones de ese tramo para inyectarlos en Bankia, se encontró con la respuesta negativa de Bruselas. Había todavía mucha desconfianza acumulada. El FROB tuvo que instrumentar un crédito puente por esa cantidad para salvar a Bankia.
El Gobierno ha tenido que someter al conjunto del sistema financiero a una exhaustiva radiografía, en dos auditorías capitaneadas por Oliver Wyman, que, en su informe de septiembre, estimó las necesidades de capital de la banca en casi 60.000 millones de euros.
Posteriormente, un grupo de expertos del BCE, Comisión Europea, EBA y FMI ha analizado uno a uno los planes de viabilidad de los bancos que recibirán el crédito del MEDE.
El Gobierno está convencido de que, una vez concluida esta fase de saneamiento y recapitalización, la banca española podrá acceder en condiciones normales a los mercados financieros. Una prueba de esa mejora es la ampliación de capital que ha puesto en marcha el Banco Popular, que no necesitará ayudas públicas para cumplir con las exigencias estimadas por Oliver Wyman.
Ese enorme esfuerzo tenía un doble objetivo: evitar la caída de un 30% del sistema financiero y lograr que el crédito empezara a fluir en la economía.
El Gobierno ha hecho todo lo posible por salvar el sistema financiero, como no podía ser de otra forma. Pero ahora tiene que obligar a los bancos a solventar el problema de los desahucios. Por ejemplo, impidiendo por ley que puedan perder su vivienda ancianos y discapacitados o dando plazos más amplios a los parados de larga duración. Si lo hace, los ciudadanos entenderán que el rescate a la banca ha servido también para ayudar a los más débiles.












