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VICTORIA PREGO
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21/10/2012
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El pacto del exprimidor
Éste es el momento propicio para echar el resto, para intentar poner de
rodillas al Estado y sacarle a España hasta los hígados en términos económicos
y también políticos. Un momento de mayor incertidumbre, de mayor fragilidad
combinada no se había producido en los últimos 70 años. Primero, porque bajo la
Dictadura todo atisbo de apuesta independentista habría sido ahogado por la
fuerza. Y después, porque durante el tiempo de la Transición política no se
habría entendido otra cosa que una apuesta unánime y conjunta por levantar un
sistema democrático y por integrar a España en Europa. Pero ahora es distinto,
ahora sí creen los nacionalistas que pueden hacer su apuesta final, porque
ahora la dimensión de la crisis y la inestabilidad de los acuerdos con Europa
ha debilitado dramáticamente la fortaleza moral del país y su esperanza en un
futuro mejor.
Por eso los dirigentes de CiU, de siempre más cautos que los del PNV, y que
venían manteniendo hasta ahora un tono bajo y pactista, se han lanzado a retar
al Gobierno. Lo han hecho en mitad de su legislatura, cuando todos los
problemas de su comunidad están abiertos en canal y sin que sus gobernantes
hayan presentado perspectivas de solución. Lo han hecho sin justificación y por
sorpresa, pero no sin razones
Lo han hecho cuando han tenido claro que un pulso fuerte y bien sostenido
podía darles los réditos con los que siempre han soñado y que culminan con esa
«voluntad de ser» de la que sigue hablando Jordi Pujol, una frase vacía de
sentido cuando se vive en democracia y libertad, como viven desde hace décadas
los españoles.
Y han pactado con los nacionalistas vascos para hacer la pinza que ahora
mismo, justo ahora, podría ofrecerles la ocasión de sacarle todo el jugo a esta
España empobrecida y que lucha a brazo partido por no perder todavía más, y
definitivamente, su prestigio ante el mundo.
Lo único sorprendente de este acuerdo entre Iñigo Urkullu y Artur Mas, cuyo
contenido se había mantenido secreto hasta ayer, haya salido a la luz
justamente la víspera de las elecciones vascas. La noticia de que PNV y CiU han
pactado para apretar juntos y pasar a España por el exprimidor hasta que acabe
declarándose -o, vistos los métodos, acabe confesando- que es un Estado
plurinacional no va a favorecer electoralmente a Urkullu. Quizá tampoco le
perjudique en exceso, pero la noticia ha permitido a la oposición airear en el
último día de campaña la realidad de las intenciones del candidato vasco.
Ni él ni Mas quieren la independencia. No les conviene. Lo que quieren es
una dependencia independiente, un Estado libre pero asociado, que les permita
seguir disfrutando de todas las garantías que ofrece la pertenencia a un Estado
internacionalmente reconocido, pero ninguno de los inconvenientes que esa
pertenencia lleva aparejados, sobre todo cuando el dinero escasea y los
mercados aprietan.
El tiempo que tarden uno u otro en hacer su apuesta final es lo de menos.
Artur Mas ha lanzado ahora un órdago verbal porque lo que busca de aquí a un
mes es una mayoría absoluta, y con eso ya se arregla de momento. Luego
administrará ese mismo órdago y lo traducirá en hechos, o no, según vea que se
debilita la posición del Gobierno y la del resto de los españoles. Urkullu, no.
Urkullu quiere estabilizar primero su comunidad y, como Mas, ya lanzará su órdago
político cuando compruebe cuántas y de qué calibre son las brechas que se han
abierto en los muros del país y de la Constitución.
De momento, ya podemos dar por hecho que la campaña internacional que los
independentistas de Mas van a emprender para explicar al mundo que esta España
que se dice tan democrática prohibe que se consulte al pueblo, va a encontrar
la hospitalidad de muchos oídos.
Es lógico. Los países que no padecen amenazas secesionistas no entenderán
tampoco que en el nuestro se intente prohibir una acción tan aparentemente
limpia y democrática como la celebración de una consulta popular ante las
urnas. Encontrarán aliados.
Por eso es imprescindible que el Gobierno se dedique a la tarea y ponga en
marcha un esfuerzo ante el mundo aún más intenso y al más alto nivel. No se
trata tanto de exponer la amenaza que una convocatoria así supondría para la
integridad territorial del país, porque es harto dudoso que en ese hipotético
referéndum ganaran plenamente las opciones secesionistas. Se trata de explicar
con todas las complejidades técnicas y jurídicas, pero también con todas las
consecuencias políticas e históricas, lo que la sola celebración de ese famoso
referéndum de autodeterminación supondría para la España constitucional.
Si ahora mismo se produjera un milagro, si la canciller alemana aplaudiera
la concesión del crédito a la banca sin condiciones y sin computarlo como
deuda; si las agencias de calificación devolvieran a España a la categoría de
AAA+; si el paro disminuyera, empezaran a crearse puestos de trabajo y el
crecimiento económico apuntara de nuevo con fuerza, el independentismo se
desinflaría como un globo.
Tradicionalmente ha sido así: los nacionalismos siempre han crecido en
Europa cuando los Estados han sido débiles. Con una excepción: la España
posfranquista, en la que la democracia nueva les reconoció un papel de honor y
les hizo un sitio de privilegio en la Ley Electoral. Por eso, durante todos
estos años en los que el Estado ha sido fuerte, el independentismo no ha pasado
de ser testimonial. Sólo en el País Vasco, donde el terrorismo trastocaba todo
planteamiento político, tuvo un cierto peso real. Pero no éxito.
Pero de aquí a los próximos años, y mientras España no recupere su
fortaleza, el asedio va a ser intenso y constante. Hay que tenerlo muy presente
y no confiar.
